Menos tiempo, más especialización y mayor tasa de empleabilidad. Parece la fórmula perfecta para que la Formación Profesional (FP) se haya convertido en uno de los reclamos para los estudiantes. La digitalización, la aparición constante de nuevas profesiones y el inevitable impacto del COVID-19 en la economía han hecho el resto, impulsando la necesidad de mantener una formación continua entre los empleados.

El sistema de Formación Profesional ha demostrado su capacidad de incorporar innovación con la agilidad que los sectores productivos necesitan. Por ello, se ha erigido como uno de los ámbitos estratégicos de las políticas de gobierno, por ser entendido como motor de crecimiento económico y social.

Más concretamente, dentro de este sistema, la Formación para el Empleo (FPE) tiene la misión de formar y capacitar a las personas para el trabajo y actualizar permanentemente sus competencias y conocimientos a lo largo de su vida profesional. Incluye las enseñanzas propias de la formación profesional inicial, las acciones de inserción y reinserción laboral de los trabajadores, así como las orientadas a la formación continua en las empresas.

La FPE está regulada a través del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. A pesar de ser una formación no reglada, ofrece la oportunidad de obtener un título oficial que acredita la capacitación para el desarrollo de una actividad laboral con significación para el empleo; éste es, el Certificado de Profesionalidad. Esta acreditación permite una mejora en las condiciones laborales de los empleados, al estar muy reconocida en el mercado laboral.

Además, este tipo de formación se ha visto beneficiado por los cambios regulatorios aplicados en los últimos años. Con la aprobación de la Ley 30/2015, el sistema de Formación para el Empleo se depuró, trayendo consigo una reducción del número de empresas formadoras solicitantes con el consiguiente aumento de los fondos destinados para este fin. Asimismo, se prevé una mejora en los contratos de Formación para el Empleo, anunciada por el Gobierno, en un momento en que no hay capacidad pública instalada para absorber la Formación para el Empleo que se necesita, lo que representa una oportunidad para las empresas formadoras.

La Formación Profesional para el Empleo y la Formación Profesional del sistema educativo tienen un objetivo en común: el aprendizaje permanente, desde la formación inicial hasta la formación en el puesto de trabajo. Por ello, es necesaria la integración de ambos sistemas para asegurar su eficacia y eficiencia.

En consecuencia, se ha posibilitado que, los empleados que estén en posesión de un Certificado de Profesionalidad, tengan la opción de convalidar su experiencia por módulos de los diferentes programas que ofrece la Formación Profesional y, así, obtener un título oficial de formación reglada.

Ahora, más que nunca, el aprendizaje y la formación no deben entenderse como un gasto, sino como una inversión prioritaria para las empresas. El conocimiento y las nuevas habilidades de los empleados ayudarán a una empresa a incrementar la productividad, evolucionar e innovar.

Camilla Ciccione
Analyst